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Conductora absuelta del delito de conducción bajo los efectos del alcohol a pesar de dar positivo en la prueba de alcoholemia

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El Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia (17 de noviembre de 2014, nº 191/2014, BOE 308/2014 de 22 de diciembre de 2014), ha estimado el recurso de amparo presentado por una conductora que, tras ser absuelta por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid (sentencia de 17 de mayo de 2013) del delito de conducción bajo los efectos del alcohol (art. 379.2 del código penal) a pesar de dar positivo en la prueba de alcoholemia, había visto revocada la sentencia absolutoria por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 4ª, sentencia 14 de octubre de 2013 nº 388/2013). La conductora fue sometida a test de alcoholemia el cual dio un resultado positivo de 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y de 0,65 en la segunda prueba realizada 45 minutos después aproximadamente. La mujer solicitó análisis de sangre como prueba de contraste, cuyo resultado fue de 1,43 gramos de alcohol en sangre por litro. Además, “la acusada presentaba como signos olor a alcohol notorio de cerca, ojos brillantes y habla algo pastosa”. A pesar de ello, el Juzgado de lo Penal de nº 2 de Valladolid consideró que no quedaba acreditada la influencia de alcohol en la conducción sobre la base de los síntomas apreciados y que no constaba que se hubiera producido una conducción irregular según las declaraciones prestadas en el juicio oral pro los policías locales actuantes. Además, se motiva la absolución por la falta de fiabilidad de la prueba de contraste (análisis de sangre) tras la valoración de las declaraciones prestadas por peritos, médicos y testigos que intervinieron en su realización. Posteriormente la Audiencia Provincial revocó dicho pronunciamiento absolutorio, estimando que los síntomas denotaban claramente la influencia del alcohol en la conducción y que la prueba de contraste era fiable habiéndose observado el protocolo previsto y garantizado la cadena de custodia de la muestra de sangre. La Audiencia Provincial condenó la conductora sin practicar ningún medio de prueba en la segunda instancia y sin que la misma fuera interrogada. El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), porque la Audiencia Provincial había modificado los hechos probados sin practicar pruebas, realizando una nueva valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia “en patente contradicción con los principios de inmediación y contradicción”. En otras palabras, a juicio del Tribunal de garantías, la Audiencia Provincial, para poder llegar a esa conclusión, tendría que haber realizado nueva y directamente el examen de los testigos y peritos garantizando el derecho de las partes a formular preguntas y repreguntas sobre los hechos objeto de la acusación. Además, el Tribunal Constitucional considera que la vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías ha conllevado en este caso una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) ya que “la prueba personal indebidamente valorada (es decir las declaraciones de los policías actuantes) fue esencial para llegar a una conclusión fáctica incriminadora”. De esta manera, excluyendo dicha prueba, “la sentencia condenatoria se ve privada de soporte constitucionalmente apto para enervar la presunción de inocencia”.

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