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Nuevo mazazo del Tribunal Constitucional a la regulación actual del impuesto de sucesiones para herederos contribuyentes no residentes en España y residentes en distintas comunidades autónomas españolas

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El 18 de marzo de 2015 se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional ante la clamorosa y esperada inconstitucionalidad de la Ley de Organización de la Generalitat Valenciana respecto a la exigencia de residencia habitual en la Comunidad Valenciana de los herederos para poder gozar de la bonificación por parentesco del 99% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de dicha Comunidad.

La sentencia basa esta vulneración constitucional, principalmente, en dos fundamentos: el principio de igualdad de todos los ciudadanos (acogido en el artículo 14 de nuestra Constitución Española) y en la incompatibilidad de dicha normativa con el sistema tributario justo que ampara la Constitución en su artículo 31.1.

Para darse cuenta de la relevancia de la residencia de los herederos en el Impuesto de Sucesiones es importante conocer el caso que pasamos a comentar:

Esta cuestión de constitucionalidad se planteó por una herencia en la que el causante deja a sus tres hijos una herencia de 841.999 € cada uno. Dos de los hijos que vivían en Valencia abonaron una cuota tributaria por el Impuesto de Sucesiones de aproximadamente 2.000 €. Sin embargo, el tercer hijo (residente en otra Comunidad Autónoma y por tanto sin derecho a bonificación) debía abonar a la Generalitat Valenciana una cuota tributaria por el mismo impuesto de 202.210 €. Es decir, el tercer hijo residente en otra Comunidad Autónoma debía pagar 100 veces más que los otros dos hijos aun siendo la misma base imponible y el mismo causante. Era evidente tal inconstitucionalidad con el trato dispar que se le hacía a uno y a otro contribuyente.

A los que estamos lejos de esta Comunidad Valenciana quizás pensemos que dicha Sentencia no nos repercute al considerar vulnerados artículos de una Ley autonómica pero no es así. Esta sentencia resulta muy relevante para todos aquellos españoles que tienen que tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones no siendo residentes en España.

Con anterioridad a esta Sentencia comentada, se dictó Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 en la que se declaraba la normativa estatal española (respecto al mencionado Impuesto) como contraria al derecho originario de la Unión Europea y, en concreto, al principio de libre circulación de capitales ya que, actualmente, existe una diferencia en el trato fiscal de las donaciones y sucesiones entre los causantes y donatarios residentes y no residentes en España. Con esta sentencia se abrió la veda para que España tomase medidas ante la discriminación que se realiza no solo de residentes y no residentes en España sino también de los residentes en una Comunidad Autónoma y otra.

Pese al camino indicado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España hizo caso omiso y entre la reforma fiscal no incluyó la del Impuesto de sucesiones y donaciones. Con la nueva Sentencia del Tribunal Constitucional se da un toque de atención al poder legislativo, toque de atención que, dadas las prontas elecciones y las continuas promesas políticas respecto a las bonificaciones de este impuesto, de nuevo caerá en saco roto.

En el informe Lagares, antes de la última reforma fiscal, ya se introducía medidas para paliar estas desigualdades en materia de sucesiones y donaciones y se traducían en la aplicación igualitaria para residentes y no residentes en España y residentes en distintas Comunidades Autónomas.

Quizás esto suponga un incremento de la cuota tributaria a pagar en Comunidades Autónomas como Madrid cuya bonificación es del 99% pero, por su parte, supondrá una igualdad de condiciones para todos aquellos españoles no residentes y para los residentes que viven en distintas Comunidades y además desaparecerían esos “paraísos fiscales” dentro del mismo Estado Español que se forman por estas diferencias entre ser residente de una Comunidad Autónoma o de otra.

En este punto hemos de pensar en todos aquellos ciudadanos españoles que, por razones indudablemente laborales, han tenido que emigrar a otro país de la Unión Europea y han dejado a toda su familia en España. De no cambiar la regulación del Impuesto de Sucesiones, el trato fiscal que recibirían estos españoles emigrantes (si por ejemplo falleciesen sus padres), a nuestro entender y por analogía civilista, sería inconstitucional.

Inmaculada Romero-abogado

 

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